Los agentes determinaron la existencia de una organización jerarquizada y estructurada que se servía de la actividad de algunos bares para desarrollar su actividad ilícita. Estos locales eran utilizados para la venta de drogas. Fruto de estas investigaciones se procedió al registro de 13 viviendas, tres locales y dos naves industriales en las ciudades de Écija y Córdoba.
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