El Ayuntamiento ha propuesto una sanción de 102.973,47 euros a la empresa Vitalia por la ejecución de obras sin los permisos legales preceptivos y al margen de los informes técnicos obligatorios, en un proceso que comenzó a raíz de una denuncia presentada a finales de 2024.Según manifestaba esta semana el portavoz del grupo municipal socialista, Sergio Gómez, las obras, iniciadas en mayo de ese mismo año, se desarrollaron durante varios meses pese a contar con informes técnicos municipales «demoledores» y a la emisión de múltiples órdenes de paralización que, según se ha denunciado, nunca llegaron a ejecutarse. Esta situación ha sido calificada como especialmente grave por desarrollarse «con la connivencia y el amparo del delegado de Urbanismo, Ángel Peña, la alcaldesa, y el resto del equipo de gobierno».
La reciente notificación del expediente sancionador municipal llega pocos días después de que la Junta de Andalucía impusiera una primera multa de 10.800 euros a Vitalia por vulnerar la cautela arqueológica y omitir los informes sectoriales pertinentes.
Según el portavoz socialista, uno de los aspectos más controvertidos del caso es el supuesto conflicto de intereses que afecta al portavoz municipal, Carlos Onetti, quien trabaja en el Ayuntamiento y, al mismo tiempo, percibe ingresos de la empresa sancionada, lo que, según se ha denunciado, agrava aún más la situación.
En la propuesta de resolución se señalan como posibles responsables de las irregularidades cometidas a dos arquitectos, un ingeniero técnico industrial, y al arquitecto técnico Rafael Serrano Pedraza, exdelegado de Hacienda y Urbanismo durante el anterior Gobierno del PP liderado por Ricardo Gil-Torresano.
La rapidez con la que se ha tramitado la sanción, en contraste con la aparente inacción durante meses frente a las obras ilegales, ha despertado nuevas dudas en la oposición sobre la posible existencia de trato de favor hacia Vitalia. Algunos sectores sugieren incluso que la celeridad podría estar relacionada con una investigación en curso por parte de la Fiscalía de Sevilla, aunque este extremo no ha sido confirmado, «el caso pone en cuestión la actuación del actual equipo de Gobierno y deja en evidencia la falta de control y la permisividad institucional frente a obras que han vulnerado de forma reiterada el marco legal urbanístico». El expediente sancionador reconoce abiertamente las irregularidades y asume que “las cosas no se han hecho bien”, aunque aún está por determinar qué consecuencias legales o políticas puedan derivarse.
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