El Ayuntamiento de Écija ha puesto sobre la mesa una nueva vía para tratar de desbloquear la situación que atraviesan las familias residentes en las 91 viviendas situadas en la avenida Estatuto de Autonomía y la calle La Luisiana. El Gobierno municipal, del Partido Popular, plantea obtener recursos mediante la venta de un suelo de titularidad municipal y utilizar parte de esos fondos para facilitar a los vecinos la adquisición de sus viviendas.
La propuesta fue trasladada durante una junta de portavoces extraordinaria celebrada para abordar específicamente la problemática de estas viviendas, en la que participaron los representantes de PP, PSOE, IU-Podemos y VOX, además de un representante de los vecinos. El Ejecutivo local ha presentado un protocolo de intenciones que deberá ser analizado por los distintos grupos políticos antes de su eventual aprobación por el Pleno.
La iniciativa contempla la enajenación de los terrenos municipales sobre los que se ubica actualmente la residencia de mayores Vitalia, que serían adquiridos por la propia empresa por un importe de 1,7 millones de euros.
De esa cantidad, un millón de euros se reservaría para establecer ayudas directas destinadas a las familias de las 91 viviendas, mientras que los 700.000 euros restantes se dedicarían a otras actuaciones de interés para la ciudad, entre ellas una intervención de mejora y recuperación del entorno del río Genil.
La alcaldesa de Écija, Silvia Heredia, ha señalado que la propuesta ha sido previamente trasladada a los vecinos y que el documento recoge el compromiso municipal de buscar un patrimonio de titularidad pública susceptible de venta para generar recursos con los que contribuir a la compra de los inmuebles.
Una propuesta condicionada al consenso político
El Gobierno municipal considera fundamental que la iniciativa cuente con el respaldo del conjunto de la corporación. Heredia ha defendido que, dada la complejidad de un problema que se prolonga desde hace aproximadamente seis años, cualquier solución debe contar con el máximo respaldo institucional.
En este sentido, la alcaldesa ha advertido de que el protocolo solo seguirá adelante si obtiene un respaldo unánime en el Pleno. La intención del Ejecutivo es que el asunto sea abordado como una cuestión de ciudad, al margen de las diferencias políticas entre los distintos grupos.
La propuesta será trasladada también al grupo municipal de Fuerza Ecijana, que no pudo participar en la junta de portavoces por la situación de salud de su representante. Antes de culminar el procedimiento, el Ayuntamiento deberá abordar además los trámites administrativos necesarios para hacer efectiva la operación. Según ha explicado el Gobierno local, será necesario modificar el uso del suelo antes de proceder a su enajenación, por lo que tanto el protocolo como la propia venta deberán pasar por el Pleno municipal.
Pendientes de la reunión del 14 de octubre
Mientras los grupos municipales analizan la propuesta, el Ayuntamiento mantiene abierta otra vía de diálogo relacionada con la propiedad de las viviendas. Está prevista para el 14 de octubre una reunión con la nueva gerencia de la propiedad de los inmuebles, encuentro al que también asistirá la secretaria general del Ayuntamiento con el objetivo de dejar constancia formal de lo tratado.
El Gobierno municipal considera que la venta de los terrenos de Vitalia constituye actualmente la alternativa más viable de las estudiadas, aunque Silvia Heredia ha asegurado que el Ejecutivo está dispuesto a valorar otras propuestas que puedan plantearse durante el proceso de negociación.
En paralelo, la operación permitiría disponer de 700.000 euros para actuaciones en otros ámbitos de la ciudad. El protocolo contempla que estos fondos se orienten a la mejora del río Genil y de su entorno, una actuación que, según la alcaldesa, responde a una demanda existente entre la ciudadanía para continuar recuperando y poniendo en valor la ribera.
La iniciativa queda ahora pendiente del estudio por parte de los grupos políticos y de los vecinos, paso previo a su posible aprobación plenaria. El objetivo expresado por el Ayuntamiento es conseguir un acuerdo institucional que permita avanzar en la solución de la situación de las 91 familias.