La situación de la Residencia de Gravemente Afectados (RGA) de PRODIS vuelve a generar controversia después de que familiares de usuarios del centro y la asociación AFAMIT hayan hecho público un comunicado en el que cuestionan la información difundida por el Ayuntamiento de Écija sobre los incidentes registrados en estas instalaciones. Las familias consideran que la versión municipal no refleja la gravedad de los hechos y sostienen que la documentación remitida por la propia dirección del centro describe episodios de violencia física contra residentes.
Según el escrito de AFAMIT, un informe oficial enviado a uno de los familiares recoge que un usuario con un grado de discapacidad del 85% habría recibido varios golpes en distintas ocasiones por parte de una monitora, así como un puñetazo en el estómago propinado presuntamente por otro trabajador mientras lo atendía en el baño. De acuerdo con el relato recogido en ese documento, el golpe se habría producido cuando el profesional intentaba que el residente se mantuviera erguido.
La asociación considera que estos hechos no pueden quedar englobados bajo la expresión «comportamientos inapropiados», utilizada, según denuncian, en el comunicado municipal. A su juicio, existe una diferencia sustancial entre la descripción pública realizada por el Consistorio y la información que figura en la documentación interna del centro.
AFAMIT también pone el foco en la atención prestada al residente después de los episodios denunciados. Según recoge el informe de la dirección citado por los familiares, el usuario no fue trasladado a ningún centro sanitario ni recibió valoración médica tras los incidentes, al considerar que no existían evidencias físicas que justificaran esa asistencia.
Las familias relacionan estos acontecimientos con otras incidencias que, aseguran, llevan tiempo denunciando ante los responsables de la Agencia Pública Administrativa Local (APAL) PRODIS. Entre ellas mencionan la aparición de lesiones y un importante hematoma en el ojo derecho de un residente que había sido intervenido previamente de desprendimiento de retina y cataratas. Según AFAMIT, esta lesión fue reconocida por el propio centro y documentada fotográficamente.
Otro de los asuntos que reclaman esclarecer es el funcionamiento del sistema de videovigilancia. Los familiares aseguran que llevan entre tres y cuatro años solicitando por escrito la reparación de las cámaras de seguridad y que, durante este tiempo, las respuestas recibidas por parte del centro han atribuido su falta de funcionamiento a supuestas averías. En este sentido, consideran que las deficiencias en el sistema de vigilancia han impedido disponer de imágenes que permitan aclarar las circunstancias de distintos incidentes y determinar posibles responsabilidades.
El comunicado de AFAMIT también hace referencia a un informe de la Vicepresidencia de PRODIS en el que, según la asociación, se reconoce la existencia de indicios fundados de criminalidad y la comunicación de los hechos al Ministerio Fiscal. Las familias cuestionan igualmente la eficacia de los mecanismos de control del centro, ya que, según sostienen, los episodios se habrían detectado con posterioridad y no existía un protocolo activo de prevención de agresiones y malos tratos.
Ante esta situación, los familiares y la asociación han trasladado una serie de peticiones a la Presidencia, Vicepresidencia y responsables de PRODIS, además de reclamar al Ayuntamiento de Écija una rectificación de su comunicado público para que recoja con mayor precisión la información contenida en los informes de la dirección.
Entre sus demandas figuran el acceso, en los términos que permita la normativa, al expediente remitido a la Fiscalía Provincial de Sevilla y a la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad; la depuración de las posibles responsabilidades, incluidas las políticas; y la entrega de documentación sobre el estado real de las cámaras de vigilancia, las fechas de sus averías y las actuaciones realizadas para su reparación.
También solicitan conocer el protocolo vigente para actuar ante caídas, incidentes, agresiones o posibles malos tratos, así como disponer de los informes firmados correspondientes a los turnos de tarde y noche. A ello añaden la petición de información sobre la trayectoria laboral de los tres trabajadores relacionados con los expedientes disciplinarios y las áreas del centro en las que hayan prestado sus servicios.
Una de las reclamaciones que consideran especialmente importantes es la elaboración de informes individualizados para los tutores legales de cada residente. En ellos solicitan que se detalle si el usuario ha podido verse afectado por los hechos investigados, incluyendo cualquier golpe, caída, lesión o alteración de conducta, con indicación de las fechas, la asistencia sanitaria recibida y el momento y procedimiento mediante el que se informó a sus familiares.
AFAMIT y las familias afectadas insisten en que el asunto trasciende el ámbito administrativo, al afectar directamente a personas con grandes necesidades de apoyo que dependen de los profesionales del centro para su cuidado y protección. Por ello, expresan su confianza en que la Fiscalía y los tribunales puedan esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades que correspondan.
La asociación ha anunciado que estará representada legalmente por el letrado ecijano Alejandro Álvarez Rivero y que se reserva el ejercicio de cuantas acciones judiciales y administrativas resulten pertinentes para esclarecer los hechos.
