La Junta de Gobierno ha aprobado, señalaba la portavoz Rosa Pardal, la convocatoria pública para la selección de 2 monitores en concurso de mérito libre, en calidad de docentes para la impartición de dos cursos que llevará a cabo el ayuntamiento de Écija en los próximos meses. En concreto, se trata de un curso de atención sociosanitaria a personas en el domicilio, y otro de operaciones auxiliares de tapizado de mobiliario y mural. Estos cursos, indicó la portavoz del Gobierno Local, Rosa Pardal, eran aprobados por la consejería de empleo con resolución de diciembre del año 2.021: “Además –dijo Pardal- el primero 
de ellos está dentro del libro de cualificaciones profesionales, por lo que, las personas que lo realicen, obtendrán el certificado de profesionalidad que habilita, y es necesario, para el desarrollo de la profesión”. El importe de las dos contrataciones de las personas que ejercerán como monitores asciende a 87.400 euros. Una vez que la convocatoria sea publicada en el BOP, los aspirantes contarán con 5 días para presentar sus solicitudes.
Por otro lado, la portavoz se ha referido a la aprobación de una resolución emitida por la delegación de personal del ayuntamiento de Écija respecto a una indemnización a una trabajadora, por importe de 28.000 euros, como consecuencia del acuerdo extrajudicial al que se ha llegado con la misma. Los hechos se remontan al año 2.015 cuando una trabajadora del PER sufría un accidente. Según ha explicado la portavoz del Gobierno Local, el contrato que había con los seguros no hacía frente a las posibles indemnizaciones puesto que el gobierno de entonces del PP no pagaba la póliza. Rosa Pardal, en concreto, señalaba que “Cuando llegamos al gobierno de la ciudad, nos encontramos con esta reclamación. Intentamos que la empresa aseguradora se hiciese cargo de la misma, pero, ante los impagos que sufría, no accedió. Hay que decir que no se hacía entonces a estos trabajadores ni reconocimientos médicos ni cursos de prevención de riesgos laborales. Al amparo del convenio de la construcción, podían llevar a cabo reclamaciones, como así fue en el caso de esta trabajadora”. Lo que hizo entonces el Gobierno Local, ha indicado la portavoz, fue contratar con otra entidad de seguros, y hacer frente al pago de varias indemnizaciones por responsabilidad patrimonial. En el caso de esta trabajadora, que sufría el accidente en el año 2.015, el acuerdo extrajudicial que se ha alcanzado supone el pago de una indemnización por importe de 28.000 euros, cantidad sensiblemente inferior a la que hubiera tenido que desembolsar el ayuntamiento caso de haberse celebrado el juicio.
