Los Portavoces de los grupos municipales de IU Écija y Podemos Écija, Eligio García y Mario Perea, se han reunido con los representantes de los vecinos y vecinas de las 91 viviendas de la calle Estatuto de Autonomía para estudiar la situación de presunto acoso que están viviendo por parte de un supuesto representante de la empresa y estudiar las posibles respuestas legales ante esta situación.

Según declaró el portavoz municipal de IU, Eligio García Jódar, “vamos a estudiar si la empresa está cometiendo un presunto delito de acoso inmobiliario a través de un señor que se persona en las viviendas diciendo actuar en su nombre y que se dedica a amedrentar a los vecinos para intentar convencerlos de que paguen más y cambien su contrato”.

Según ha explicado García Jódar ya se han puesto en contacto con la empresa a través de su abogado Francisco Tejado el cual ha presentado un requerimiento a la empresa, para que se les respete su derecho de retracto, tal y como marca la ley, y  estos vecinos puedan comprar sus viviendas por el precio que esta empresa las adquirió en la subasta judicial, unos 14.000 euros por vivienda. Ya que algunos tienen la intención de adquirir la propiedad pues tienen un contrato de alquiler con opción a compra, en algunos casos de más de 20 años. En dicho requerimiento los vecinos también informan a la empresa de que consideran el procedimiento de adquisición de sus viviendas nulo de pleno derecho por lo que en ningún caso admitirán modificación alguna en los contratos que firmaron originariamente y que suponga una merma en sus derechos como inquilinos, como pretende obligares a hacer la empresa. “Además,  en dicho requerimiento también se les informa de que todo contacto a partir de ahora se realizará a través del abogado Francisco Tejado, por lo que no procede que esta envíe a nadie a hablar directamente con los vecinos”.

García Jodar también informó que se ha pedido una certificación del registro mercantil de Madrid  sobre dicha empresa y que ésta no está presentando, como tiene la obligación de hacer, las cuentas generales de los años 2020 y 2021 ante dicho registro. Por lo que García Jodar califica a esta empresa como “una empresa opaca que parece ser se ha constituido expresamente para quedarse con estas viviendas”.

Así mismos, el portavoz de IU, denunció la falta de cooperación de la Junta de Andalucía a la hora de recabar información para la defensa de estos vecinos y vecinas, por lo que se ha echo una reclamación ante el Consejo de Transparencia de Andalucía por la falta de respuesta de la consejería de Fomento de la Junta de Andalucía a los escritos presentados por los vecinos y vecinas de C/. Estatuto de Autonomía, en los que se pedía información crucial para su defensa. “La Junta Andalucía no responde al abogado de los vecinos como tampoco responde al parlamento andaluz, ya que se ha quedado sin respuesta la pregunta parlamentaria que en el mismo sentido ha echo el grupo parlamentario de UP Andalucía a través del diputado Ismael Sánchez, pidiendo información sobre si se habían respetado o no los derechos de tanteo y retracto de los inquilinos en el procedimiento de adjudicación de las viviendas y que ya no podrá ser contestada al haberse agotado la legislatura con la convocatoria de elecciones”.

Mario Perea por su parte remarcó que “los vecinos están viviendo una grave situación de inseguridad jurídica por una deuda que no han generado ellos, que es algo que tenemos que remarcar” y considera imprescindible que “cuando llegue el momento tenemos que depurar todas y cada una de las responsabilidades jurídicas que han habido durante el camino” en relación a la gestión realizada por el administrador concursal que según Perea “ha tomado decisiones de dudosa ética”. Para el portavoz de Podemos, ante todo, aquí hay una cuestión política de fondo que es “la defensa a ultranza de los vecinos y las vecinas de Écija”  que defienden los partidos de izquierdas, frente al modelo del PP, que es el “modelo del pelotazo urbanístico, de los amiguetes, de asignar contratos lucrativos” como bien demostró en este caso en el que la Junta de Andalucía se negó a ejercer el derecho de retracto “y haberles evitado este sufrimiento a los vecinos”.

Por su parte Valle Miranda, en representación de los vecinos y vecinas de las viviendas explica que la situación que están viviendo es como de una gran “injusticia” ya que llevan habitando en estas viviendas 22 años y nos quieren echar. Y lanza la pregunta de ¿porqué quieren echarlos de unas viviendas?¿Por no pagar no será? Porque ya llevan pagando ininterrumpidamente durante 22 años y ha recalcado “nosotros hemos pagado al Ayuntamiento, nosotros hemos pagado al concursal y ahora estamos pagando al nuevo propietario.”.