A partir de ahora las empresas que se anuncien en emisoras sin licencias serán multadas. Es una de las cuestiones que se incluyen en la nueva Ley Audiovisual que fue publicada en BOJA hace unos días y que por tanto está ya en vigor.

De esta manera, se viene a dar respuesta a una demanda histórica del sector, que veía cómo emisoras “piratas”, sin licencia, se llevaban parte del mercado publicitario sin poder hacer nada y ejerciendo una competencia completamente desleal, que en todos los sectores económicos está perseguido.

En el caso de Écija, se cuentan varias emisoras sin licencias, algunas de ellas de ámbito cultural para los que se da cierta tolerancia en la normativa y otras (contra las que se actúa) que emiten publicidad a su antojo a precios por debajo del margen y con una cobertura más amplía que las legales ya que no tienen que someterse a ningún control de fiscalización por parte de la Junta de Andalucía al carecer de los permisos pertinentes.

En algunos casos, estas emisoras “piratas” ya acumulan multas por parte de la inspección por emitir sin licencia y hacer caso omiso de los mandatos de cierre por parte de la administración.

En Écija, casi un centenar de empresas se habrían anunciado sólo en el último semestre en emisoras ilegales y a fecha de hoy lo hacen más de una veintena.

Con esta nueva Ley, cualquier ciudadano o empresa podrá hacer llegar a la Junta de Andalucía el listado de los anunciantes de las emisoras ilegales para que se actúe y la Junta de Andalucía también podrá actuar de oficio para que se cesen con estas emisiones comerciales. La Junta de Andalucía antes de llegar a la sanción tiene la intención de apercibir a la empresa para que cese la publicidad en la emisora ilegal. Estas cartas podrían comenzar a recibirse de cara a las próximas semanas.

Esta Ley ampara también a las televisiones, de momento en Écija no existen emisoras de televisión sin licencia.

Todas las emisoras de radio y televisión son una empresa, y como tal están obligadas a cumplir con cualquier obligación, pero además deben contar con un titulo habilitante por parte de la Junta de Andalucía. Ese título, denominado licencia, se asemeja al título con el que cuentan las farmacias, los estancos o los taxis, por tanto sin esa licencia se está ejerciendo una actividad ilegal.

Estas emisoras ilegales suelen ampararse en disponer de capacidad para facturar, cuestión que no es suficiente. Por ello, cualquier empresa que quiera anunciarse puede solicitar al comercial la licencia administrativa que les otorga dicho título habilitante.

Aparece en esta normativa también una especie de figura de colaboradores que incluye a quienes alquilen locales, presten servicios o amparen esta actividad ilegal de alguna forma.

En Écija las radios que tienen licencia son Cadena Dial, Cope y Onda Cero Écija. Y las televisiones con licencia funcionando son Telécija y Écija Comarca Televisión.

La Ley tipifica nuevas infracciones y sanciones (que irán desde los 10.000 a los 200.000 euros) para los casos de incumplimiento de la colaboración y también para quienes realizan comunicaciones comerciales con prestadores del servicio sin licencia. El texto actualiza las cuantías previstas en la ley básica para hacerlas más acordes con la realidad y dimensión del sector audiovisual en Andalucía.

Mayor protección de la audiencia y el telespectador

La Ley Audiovisual de Andalucía cubrirá aspectos insuficientemente desarrollados por la legislación estatal básica en vigor desde 2010 (la Ley General de la Comunicación Audiovisual), sobre todo en lo relativo a la ampliación de los derechos de los usuarios, la protección de los menores, la participación de la ciudadanía, el control de las emisiones ilegales y reforzamiento de las sanciones.

Una de sus principales novedades, también a nivel nacional, será la regulación de ámbitos del sector hasta ahora sin reconocimiento normativo, como es el caso del servicio público audiovisual que prestan universidades y centros docentes.

Respecto a los derechos, el proyecto de ley amplía su catálogo considerando a los usuarios no sólo como destinatarios de los servicios sino como parte integrante de la comunicación audiovisual. En este sentido, establece medidas para mejorar el acceso de la ciudadanía a los medios y el adecuado reflejo de la diversidad política, cultural y social de la comunidad.

También impone obligaciones concretas a administraciones y medios de comunicación para la protección de los menores en sus derechos al honor, la identidad y la imagen, además de garantizar el conocimiento de los contenidos de los servicios de televisión y sus horarios de emisión con una antelación suficiente.

Con el fin de facilitar la implicación de la sociedad, el proyecto recoge la creación del Consejo de Participación Audiovisual de Andalucía, que estará integrado por representantes de la ciudadanía y de los agentes del sector y funcionará como garante de los derechos de la población en relación con la comunicación audiovisual.

La ley afectará a todos los prestadores de servicios en este ámbito, incluyendo los privados, los públicos locales y el autonómico. Por primera vez en España, también se reconocerá y se dará cobertura legal a los que surgen en los ámbitos de las universidades y los centros docentes públicos, así como a los comunitarios sin ánimo de lucro. Con la definición de las condiciones de prestación, la gestión de sus licencias y el control y supervisión de su funcionamiento, el proyecto alcanza así la regulación integral de todos los ámbitos del sector.