Quién lo iba a decir, pero adherido a la puerta de la sala de juicios orales de uno de los juzgados de una capital andaluza, con letra bien grande y clara, no ha mucho tiempo, un mediano cartel decía de este modo:

APAGEN LOS TELÉFONOS MÓVILES

Es lo de siempre. Tal vez por falta de instrucción gramatical, por el doble valor de la letra g (ga, go, gu, frente a ge, gi), por las inevitables prisas diarias, por involuntario descuido, por pereza mental o por menosprecio caprichoso de la norma…, el caso es que estas meteduras de pata son frecuentes.

De todas formas, esta en concreto es más metedura de pata que ninguna, porque contiene varios factores agravantes como son: el nivel cultural del autor del texto del juzgado, al que le suponemos, sea quien sea, uno no inferior al de Primaria; la mucha formalidad del lugar y, sobre todo, el decoro de cuanto en esas oficina se gestiona, siempre cosas de capital importancia.

En fin, quiero decir que todos los ciudadanos tenemos la obligación moral de usar la lengua, sobre todo la escrita, con la mayor corrección posible; pero, especialmente, los funcionarios públicos pertenecientes a cualquier organismo.

Así debería ser. Y a cualquiera que no lo haga, que lo juzguen y pague su pena, sin posibilidad de redención, por tratarse de un delito imperdonable cometido con descarada alevosía.

Francisco Martínez Calle