Según explicó Sergio Gómez, portavoz del grupo municipal socialista, la denuncia fue presentada hace algo más de un año al detectarse supuestas anomalías en la contratación. Entre ellas, señaló que el Ayuntamiento habría solicitado ofertas a tres empresas radicadas en Canarias, de las que dos compartían administradores, una circunstancia que, a juicio de los denunciantes, podría vulnerar los principios de transparencia e igualdad recogidos en la legislación sobre contratación pública.
Tras recibir la denuncia, la Fiscalía solicitó diversa documentación al Ayuntamiento de Écija durante los últimos meses del pasado año. Posteriormente, el Ministerio Público trasladó el asunto al Juzgado de Instrucción número 2 de Écija al considerar que podrían concurrir indicios de tres posibles delitos: prevaricación administrativa, fraude en la contratación pública y negociación o actividad prohibida a autoridades y funcionarios.
Como consecuencia, el juzgado ha incoado diligencias previas y ha citado en calidad de investigado al delegado municipal de Urbanismo, Ángel Peña, así como a los administradores de las empresas implicadas en el procedimiento objeto de investigación.
Durante su comparecencia, el portavoz del PSOE insistió en mostrar «respeto absoluto» por la actuación de la Justicia y por el desarrollo del procedimiento judicial, aunque subrayó que, al margen de las posibles responsabilidades penales, considera que existe una «responsabilidad política flagrante» derivada de la gestión del expediente y de la falta de transparencia que, según afirmó, ha rodeado el proceso.
Asimismo, Gómez, criticó la situación en la que se encuentra el futuro contrato del servicio de agua, recordando que el actual contrato, vigente desde hace 25 años, finalizará próximamente. En este sentido, reprochó al equipo de gobierno municipal la ausencia de una decisión clara sobre el modelo de gestión que sustituirá al actual, señalando que continúan sobre la mesa opciones como la integración en el consorcio provincial, una nueva licitación pública o la constitución de una sociedad mixta.
A juicio del compareciente, el Ayuntamiento no ha avanzado en ninguna de estas alternativas, lo que genera incertidumbre sobre un servicio que calificó como «el contrato más importante y cuantioso» de la administración local.
