Las 91 familias que residen en las viviendas sociales de las calles La Luisiana y Estatuto de Autonomía de Écija han denunciado el “silencio y la inacción” de la Junta de Andalucía, reclamando una reunión urgente con el presidente Juan Manuel Moreno Bonilla. Los afectados acusan a la administración autonómica de incumplir el compromiso adquirido el pasado verano, cuando la Secretaría General de Vivienda aseguró que daría una respuesta en septiembre a la problemática que viven los inquilinos ante las prácticas del fondo de inversión propietario de los inmuebles.Los representantes vecinales acudieron la pasada semana a la sede del Parlamento Andaluz, acompañados por miembros del Grupo Municipal Con Andalucía–Izquierda Unida y Podemos por Écija, para registrar un escrito dirigido al presidente andaluz. En él detallan la situación de “inseguridad” en la que viven y alertan de un proceso de “especulación” sobre sus viviendas protegidas.
El documento está firmado por la representante vecinal Carmen Ruiz Naranjo y por el portavoz municipal de IU-Podemos, Eligio García Jódar, quienes denuncian que la Junta no ha cumplido el compromiso adquirido en la reunión celebrada el pasado 24 de julio con la secretaria general de Vivienda, Alicia Martínez Prieto, y el director general de Vivienda y Regeneración Urbana.
Una cronología del incumplimiento
Según relatan los vecinos, la problemática fue trasladada oficialmente a la Junta en marzo, lo que motivó el encuentro de julio en Sevilla. Durante aquella reunión, los responsables autonómicos se comprometieron a estudiar el caso ante “el abandono de la barriada por parte del actual propietario” y el supuesto intento de venta de las viviendas pese a su carácter protegido.
El compromiso, recuerdan, incluía una respuesta antes de finalizar septiembre. Sin embargo, aseguran que “a día de hoy nadie del citado organismo se ha dirigido a nosotros por ningún medio”, pese a los reiterados intentos de contacto por teléfono y correo electrónico.
Demanda de amparo ante la especulación
Ante la falta de respuesta, las familias han solicitado oficialmente dos medidas principales:
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La celebración de una reunión presencial con el presidente de la Junta y la consejera competente en materia de vivienda.
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Una solución definitiva que garantice el derecho constitucional a la vivienda (artículo 47), y que frene las supuestas maniobras especulativas del fondo de inversión que adquirió los 91 inmuebles.
Los residentes insisten en que la situación de incertidumbre continúa agravándose y reclaman conocer qué actuaciones está llevando a cabo el Gobierno andaluz para proteger a las familias y asegurar la continuidad del régimen de vivienda social.
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