El presunto asesino de un niño de 9 años, en Lardero (La Rioja), Francisco Javier Almeida, es su nombre, con anterioridad había agredido sexualmente a una menor de 13 años, por cuya causa fue juzgado y condenado en su momento.
Posteriormente, en 1998, asesinó a una mujer, dándole 16 puñaladas, no mortales, antes de asestarle la última en el corazón, “con ánimo de excitarse sexualmente, cuando la víctima se encontraba aún con vida”. Por ello fue condenado a 23 años de cárcel. Durante la celebración del juicio, el abogado defensor del asesino de la mujer, dijo: “volverá a hacer lo que ha hecho”. No obstante, fue puesto en libertad condicional, el mes de abril de 2020.
Con anterioridad al presunto asesinato del niño de nueve años, había intentado en dos ocasiones, secuestrar a dos niñas. Fueron denunciados aquellos merodeos del presunto asesino, por el entorno del parque en el que jugaban los pequeños del barrio. El presunto asesino tiene su residencia frente al citado parque infantil frente a un colegio, -¡¡qué casualidad!!-. Inaudito que nadie, absolutamente nadie con responsabilidad en la seguridad de las personas, advirtiera tales circunstancias. Se ha pasado media vida en la cárcel, por hechos similares a los que han sido objetos de condena.
Es conveniente analizar, de manera ponderada, los siguientes puntos: -Si cuando fue condenado a 23 años de cárcel, hubiese estado vigente la Normativa de la prisión permanente revisable, (tengamos en cuenta que el PSOE, en un alarde de irresponsable imbecilidad y buenísimo, recurrió la Ley, aunque, afortunadamente el Constitucional desestimó el recurso, el 6 de octubre pasado) el niño seguiría vivo. Incluso, si por la actual legislación, no se hubiese puesto en libertad condicional al presunto asesino, ¡tres años antes de cumplir la pena de 23 años!, también seguiría vivo el menor.
Aunque, según palabras del abogado defensor, (“volverá a matar”, a lo que hay que añadir lo que el propio asesino dijo: “soy un peligro para mí mismo y para terceros; tengo un instinto que no puedo dominar”). Osea, que hubiese encontrado otras víctimas.
Debemos destacar el hecho grave y alarmante, que la SECRETRÍA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS, dependiente del Ministro del Interior, concediera en Febrero de 2020, el tercer grado a un violador reincidente y asesino psicópata.
El presunto asesino del niño, había sido puesto en libertad condicional, no sólo con el precedente de su horrendo crimen, (17 puñaladas a una víctima inocente); no sólo ignorando las afirmaciones de su abogado, corroboradas por el propio presunto asesino del niño, sobre su patológica personalidad, sino que también se desoyó el informe en contra de dicha libertad condicional, que emitió la Junta de Tratamiento, del penal en el que cumplía condena el presunto asesino: Aberrante. También aberrante el informe del Fiscal, representante de los ciudadanos, que no se opuso a la libertad condicional. Por lo tanto le fueron aplicados los beneficios de la libertad condicional. CONCLUSIÓN: Personalmente, creo que algo falla.
¿Se van a exigir responsabilidades civiles, penales y políticas, si las hubiere?
Algo tendrá que decir el Ministerio del Interior a ese desaguisado, que ha ocasionado la muerte de un niño de 9 años, ¿no?
Por último, existen informes de psiquiatras eminentes, en el sentido de que un psicópata no se regenera en la cárcel. Hay multitud de asesinos de esa condición, sueltos y campando a sus anchas por la vía. Nuestras leyes, creo, que son excesivamente garantistas. Copiemos algo de la justicia de los EE.UU, por favor, señores políticos.
